17-03-2024 | Demócrata

Eva Poptcheva explica cómo funcionan las instituciones europeas que fiscalizan la contratación de material sanitario en la pandemia de coronavirus y que pueden afectar a fondos europeos.

A raíz del ‘caso Koldo’, los medios de comunicación se han visto inundados de referencias a organismos poco conocidos, como la Fiscalía europea o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

En primer lugar, estos organismos existen para proteger los intereses financieros de la Unión, es decir, para proteger el presupuesto de la UE. De la misma manera que cada Estado miembro tiene sus presupuestos nacionales, la Unión Europea cuenta también con uno común.

Este se nutre fundamentalmente de contribuciones de los países, pero también cuenta con otros recursos propios como los derechos de aduana sobre las importaciones, un porcentaje del IVA recaudado en la UE y una tasa sobre los envases de plástico no reciclados.

Impulso al crecimiento y la competitividad

El presupuesto de la Unión complementa los presupuestos nacionales, impulsando el crecimiento y la competitividad a través de gasto a escala europea y financiando numerosos programas europeos como la Política Agraria Común (PAC), los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y el programa Erasmus+.

En torno a un cuarto del presupuesto es gestionado directamente por la Comisión Europea y sus agencias. El resto, el grueso del presupuesto, lo administra la Comisión junto con los Estados miembros, en lo que se denomina gestión compartida. Para proteger este presupuesto y controlar el buen uso de los fondos, se han creado varios organismos europeos.

En el caso Koldo, por lo que sabemos hasta ahora, al menos en los contratos de las Islas Baleares y las Islas Canarias en los que Koldo García intermedió, fueron financiados con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Por eso han entrado en la ecuación los organismos que protegen los intereses financieros de la Unión.

Revisión anual de cuentas

En primer lugar, el Tribunal de Cuentas Europeo audita las cuentas de la Unión, es decir, tiene la función de comprobar que los fondos de la UE se utilizan correctamente. Es un organismo independiente que elabora informes de auditoría, en donde evalúa la aplicación de las políticas y elabora recomendaciones.

Es decir, el Tribunal lleva a cabo una revisión anual de las cuentas y controla la gestión del presupuesto, pero no tiene competencia para investigar fraudes. Si durante sus revisiones periódicas el Tribunal tiene sospechas de fraude, corrupción o actividades ilegales, traslada la información a la OLAF o a la Fiscalía europea.

Los Gobiernos tienen que colaborar con el Tribunal de Cuentas Europeo, por ejemplo, facilitando los datos y la información necesaria para realizar su trabajo de auditoría. Esto no siempre ocurre. De hecho, el Tribunal ha criticado la falta de colaboración del Gobierno español en relación con los Fondos Next Generation EU.

La OLAF es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Al igual que el Tribunal de Cuentas, es también un organismo independiente y realiza investigaciones administrativas. La OLAF efectúa verificaciones y controles in situ, en los Estados miembros, para determinar el carácter irregular de las actividades investigadas.

Para concluir, redacta un informe que determina si ha habido irregularidades que afectan a los fondos de la UE y puede ir acompañado de recomendaciones. Como he comentado, la OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas. En caso de que aprecie que una conducta puede ser constitutiva de delito, la OLAF interrumpe su investigación y traslada los hechos a la Fiscalía europea.

Denuncias ante la Fiscalía europea

La Fiscalía europea es el organismo independiente que investiga los posibles delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, por ejemplo, fraude, malversación, corrupción y blanqueo de capitales. Su funcionamiento es similar al de las fiscalías nacionales de los Estados miembros.

Cuando la policía o la autoridad nacional que esté investigando unos hechos observa que un potencial delito puede afectar a los intereses financieros de la Unión, tiene la obligación de informar sin dilación a la Fiscalía europea.

Además de las autoridades nacionales y otros organismos europeos como el Tribunal de Cuentas o la OLAF, cualquier ciudadano puede también denunciar un delito directamente a la Fiscalía, que evalúa la información que le ha llegado y decide si existen motivos suficientes para iniciar una investigación.

Si la Fiscalía Europea empieza a investigar unos hechos, las autoridades nacionales deben enviar el expediente y están obligadas a interrumpir la investigación, con el fin de evitar injerencias indebidas por parte de los Gobiernos.

En el ejercicio de sus labores investigadoras, la Fiscalía europea tiene las potestades de una fiscalía nacional, es decir, puede ordenar la inspección de locales y domicilios, la interceptación de comunicaciones.

Además, la Fiscalía no sólo investiga, sino que persigue y enjuicia. Es decir, si considera que existen indicios suficientes, la Fiscalía europea puede llevar los hechos a juicio en España y comparecer como acusación.

Desde la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo presentamos el mes pasado la información sobre las irregularidades y presuntos delitos del caso Koldo tanto a la Fiscalía europea como a la OLAF.

A principios de marzo, la Fiscalía europea abrió una investigación sobre el uso de fondos FEDER para la compra de mascarillas en Baleares y Canarias. Ni un solo euro de dinero público debe acabar en los bolsillos de los corruptos.

 

Eva Poptcheva es eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

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